El Ejecutivo Federal, presentó una iniciativa que plantea reformar 73 artículos de 23 leyes. Dentro de sus puntos a destacar, ésta busca establecer la inclusión obligatoria de una “cláusula exorbitante” en los contratos nacionales e internacionales que celebren servidores públicos para que se permita la terminación anticipada y unilateral de contratos con empresas privadas sin necesidad de indemnización cuando así le convenga al interés público.
¿Qué es una cláusula exorbitante?
Disposición contractual que otorga ventajas a las administraciones públicas para que puedan aplicar variaciones a los contenidos del convenio sin previa declaración judicial.
Esta reforma también pretende modificar el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para permitir la ejecución de proyectos prioritarios sin la necesidad de tener que cumplir con los requisitos y permisos que marca la ley.
Los cambios además dotan a la Presidencia de un poder discrecional para transferir recursos públicos, personal y patrimonio entre dependencias de la Administración Pública federal, en tanto que se propone que el mismo mandatario pueda asignar directamente a las paraestatales la prestación de servicios públicos por causas de utilidad, “interés general, interés social, o de seguridad nacional”.
Si bien el mandatario argumentó que dicha reforma busca proteger los recursos públicos de abusos, será interesante ver la reacción que tendrá a ella el sector privado, pues invertir en nuestro país podría representar un riesgo mayor al existir una “cláusula exorbitante” en los contratos, misma que compromete el principio de igualdad entre las partes y vulnera el Estado de Derecho.
Ante esta iniciativa la Senadora del PAN, Kenia López Rabadán, dio su opinión en conferencia de prensa:
“Bajo el argumento de causas de interés público dejarán en estado de indefensión a quienes invierten sus recursos y generan empleos.” Afirmó.
Por su parte, el Diputado Federal, Jorge Triana Tena, en entrevista con Sergio Sarmiento, ahondó más en el tema y explicó los alcances de la iniciativa; señaló que el Gobierno Federal estará facultado para demandar al particular cuando este crea que no se están cumpliendo sus expectativas de acuerdo con sus propios criterios y que podrá cancelar concesiones, permisos, licencias y contratos, argumentando el interés social, sin pagar indemnización alguna.
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